No a la reforma de la ley 30
10/11/11 Bogotá, Colombia
La propuesta de reforma de la Ley 30 de Educación Superior, que el gobierno presentó a los rectores de las universidades públicas y privadas, contiene cuatro elementos centrales: promoción de la calidad y la investigación, aumento de recursos, educación pertinente en lo regional y competitiva en lo internacional y una gestión educativa basada en el buen gobierno.
La propuesta del gobierno a la ley 30 contiene varios vacíos o falencias:
1. La propuesta gubernamental busca consolidar una universidad de élite y no una universidad con amplia cobertura en condiciones de mejoramiento de la calidad educativa. El eje de la propuesta consiste en ampliar la participación del mercado, como estrategia principal para aumentar la cobertura en detrimento de la calidad de la educación superior. Al promover el mercado de la educación superior, la propuesta no acaba con las instituciones públicas pero las obliga a comportarse como agentes del mercado, borrando toda diferencia con las instituciones privadas. Según lo ocurrido en el sector salud con los hospitales, la historia de los últimos 20 años demuestra que la confianza en el mercado no ha resultado la mejor opción. Por el contrario, aun en mercados más regulados como el de aseguramiento en salud, se comprueba que las reglas favorecen a los agentes dominantes y terminan generando más concentración de recursos en su patrimonio, a costa de la negación sistemática de atención a los usuarios, de las fallas de calidad y oportunidad que terminan en consecuencias intolerables e incrementa la inequidad social.
2. Los tres millones de jóvenes que hoy se encuentran por fuera del sistema no podrán acceder a las instituciones privadas con ánimo de lucro, las que impondrían matrículas significativamente más altas que las hoy existentes.
3. La propuesta del gobierno no incorpora las propuestas de la comunidad educativa, ni han sido recogidas en la misma, por el contrario algunos de sus puntos contenido en la propuesta gubernamental, de ser aprobados, agravarían la situación actual de la Universidad, con la apertura absoluta al mercado de la Universidad Pública.
4. La propuesta del gobierno considera la Educación Superior como servicio transable en el mercado y no como un derecho humano, un bien de mérito de todas y todos los colombianos.
5. Propone la prestación del servicio de Educación Superior a cargo de instituciones privadas con ánimo de lucro, como mecanismo para solucionar las enormes falencias del sistema en cobertura y calidad.
6. Lesiona la autonomía universitaria, va en contravía del bloque constitucional que la desarrolla en los aspectos académicos, administrativos y financieros y pretende colocar a las Universidades Estatales bajo la tutela de la rama ejecutiva del poder público.
7. Limita el desarrollo de la participación democrática efectiva de la comunidad Universitaria, tal como lo han demandado estas comunidades y lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
8. Mantiene y agrava la precarización laboral de la mayoría de los profesores universitarios del país.
9. Conduce a una involución en la reglamentación de la Educación Superior como Derecho.
La propuesta del gobierno a la ley 30 contiene varios vacíos o falencias:
1. La propuesta gubernamental busca consolidar una universidad de élite y no una universidad con amplia cobertura en condiciones de mejoramiento de la calidad educativa. El eje de la propuesta consiste en ampliar la participación del mercado, como estrategia principal para aumentar la cobertura en detrimento de la calidad de la educación superior. Al promover el mercado de la educación superior, la propuesta no acaba con las instituciones públicas pero las obliga a comportarse como agentes del mercado, borrando toda diferencia con las instituciones privadas. Según lo ocurrido en el sector salud con los hospitales, la historia de los últimos 20 años demuestra que la confianza en el mercado no ha resultado la mejor opción. Por el contrario, aun en mercados más regulados como el de aseguramiento en salud, se comprueba que las reglas favorecen a los agentes dominantes y terminan generando más concentración de recursos en su patrimonio, a costa de la negación sistemática de atención a los usuarios, de las fallas de calidad y oportunidad que terminan en consecuencias intolerables e incrementa la inequidad social.
2. Los tres millones de jóvenes que hoy se encuentran por fuera del sistema no podrán acceder a las instituciones privadas con ánimo de lucro, las que impondrían matrículas significativamente más altas que las hoy existentes.
3. La propuesta del gobierno no incorpora las propuestas de la comunidad educativa, ni han sido recogidas en la misma, por el contrario algunos de sus puntos contenido en la propuesta gubernamental, de ser aprobados, agravarían la situación actual de la Universidad, con la apertura absoluta al mercado de la Universidad Pública.
4. La propuesta del gobierno considera la Educación Superior como servicio transable en el mercado y no como un derecho humano, un bien de mérito de todas y todos los colombianos.
5. Propone la prestación del servicio de Educación Superior a cargo de instituciones privadas con ánimo de lucro, como mecanismo para solucionar las enormes falencias del sistema en cobertura y calidad.
6. Lesiona la autonomía universitaria, va en contravía del bloque constitucional que la desarrolla en los aspectos académicos, administrativos y financieros y pretende colocar a las Universidades Estatales bajo la tutela de la rama ejecutiva del poder público.
7. Limita el desarrollo de la participación democrática efectiva de la comunidad Universitaria, tal como lo han demandado estas comunidades y lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
8. Mantiene y agrava la precarización laboral de la mayoría de los profesores universitarios del país.
9. Conduce a una involución en la reglamentación de la Educación Superior como Derecho.
Camilo Romero
Senador
Senador
